En esta ultima parte del análisis de la Ley Visión de País veremos que, de acuerdo a la ley, la seguridad es de la propiedad no de las personas, la salud preventiva simplemente NO existe, la “nueva” apuesta de desarrollo para por los mismos caminos de maquilas, minas y turismo, la competencia de Honduras son China y Brasil y la regionalización del país es el objetivo final.
5. Seguridad como requisito del desarrollo
El objetivo propone un escenario prospectivo, planteando: “En el año 2038, Honduras seguirá creciendo en democracia representativa y participativa, haciendo uso del plebiscito y referéndum como formas de participación ciudadana en los temas más trascendentes del país. Su población contará con el reconocimiento efectivo de sus derechos y tendrá acceso a un sistema de justicia integrado, efectivo y expedito y a un entorno seguro con niveles reducidos de criminalidad. Se habrá consolidado el sistema de derechos de propiedad y todos los ocupantes de tierras tendrán un título que los acredite como dueños. El Estado contará con cuerpos de seguridad modernos apoyados con sistemas de inteligencia y de integridad, con instituciones sólidas y coordinadas. Las Fuerzas Armadas serán garantes de la Constitución y de la Defensa de nuestra Soberanía. El mantenimiento y la defensa de la libertad de expresión, las libertades individuales y las libertades económicas, será tarea fundamental del Estado”.
Que se tenga que plantear como un objetivo el lograr 7 procesos democráticos consecutivos, por otro lado, hace cuestionar la confianza en la “institucionalidad democrática y su defensa”, como ha sido mencionada en otros apartados de la ley.
En la nueva Visión de País, la culpa de la inseguridad es de los pobres “…progreso de las condiciones económicas y sociales del país, las cuales incidirán en las causas facilitadoras y generadoras de la delincuencia”. Más grave, los planteamientos en materia de seguridad representan un nuevo peso específico en la represión y el terror en la estrategia de dominación “Fortalecer la presencia de las fuerzas armadas y la policía nacional” (p-84)
En otro apartado de la visión de país se menciona la “reducción de ocupación extralegal de tierras”. Al final, pues, el problema de la seguridad es un problema de seguridad de la propiedad privada. La inseguridad alimentaria por ejemplo no es mencionada el documento.
La visión de país no hace explicito como el presente gobierno hará operativas sus políticas, y en materia de seguridad, particularmente, se lava las manos “Dadas las características del fenómeno de seguridad, no se ofrecen enunciados de visión para los años 2034 y 2038. Estos deberán ser formulados en el momento de definición del Plan de Nación 2022-2034”
En entrevista a la Licenciada Reina Rivera, coordinadora del Observatorio de la violencia, tuve oportunidad de obtener una visión mucho más informada de los problemas que la ley de Visión de País tiene en su apartado de seguridad. A continuación cito algunas de las observaciones producto de la entrevista, en las que incluyo algunos elementos de mi autoría:
“Sobre la Meta 2.2 la misma permitiría leer los avances en seguridad y no violencia a partir de la reducción en las tasas de homicidios del país, aun cuando no se aclara cuál es el promedio internacional de tasa que se quiere alcanzar, por lo que suponemos hace alusión a la tasa de 8.8 por 100,000 habitantes estimada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en los indicadores propuestos para el lineamiento estratégico de seguridad al año 2022 el indicador es de 33.0 y al año 2038 el indicador sería 13.0, ambos sobre y no por debajo del promedio internacional. Podría ser una meta muy ambiciosa y poco realista considerando que la tasa hondureña a fines del 2009 llego a 66.8 homicidios x 100,000 hab., lo que implicaría una reducción de 53.8 puntos a alcanzar, situación que países como Colombia luego de esfuerzos de más de 15 años no lo han logrado.
Sobre la meta 2.5 Mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y aumento de la confianza interna, coloca el acento en fortalecer la institucionalidad de la defensa y la seguridad interna con fines de reforzamiento fronterizo, ello implicaría continuar con una escalada de aumento a los presupuestos en ambos rubros del Estado para fortalecerles en materia de recursos humanos, logísticos, comunicaciones y otras tecnologías como se explica más adelante en el Plan de Nación (pág. 83 ultima línea). Además, es a nuestro juicio una meta que erosiona los avances regionales en materia de la democratización y la pacificación centroamericana, contenidas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los presidentes en el año de 1995. El Tratado Marco dió paso a otros compromisos asumidos por los Estados en el ámbito del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, orientados a la separación efectiva de las funciones de seguridad y defensa, el control civil de los cuerpos armados, la reducción del gasto militar, el balance razonable de fuerzas y el aumento de las medidas de confianza entre países vecinos.
Armar nuestras fronteras como una prioridad de país y el fortalecimiento militar con sus implicaciones en aumento de fuerzas, equipos y gasto defensivo traerá a la mesa centroamericana un problema de confianza y de retrocesos en los esfuerzos pacificadores regionales, después de 20 años. El argumento del rol de los militares para atender la problemática de la criminalidad organizada trae también a la mesa el debate de la separación de funciones en seguridad y defensa, por otro lado la participación de los militares en seguridad interna trae consigo problemas asociados de violación a derechos humanos y eficacia probatoria pues los militares no están entrenados para capturas, recolección de evidencias y pruebas penales, etc.”
Es interesante notar que en la coyuntura actual el movimiento de resistencia de Honduras no propone ya una profesionalización de las fuerzas armadas en lo absoluto. Han tenido tiempo más que suficiente para profesionalizarse, han sido objeto de una enorme inversión en tiempo y recursos materiales y humanos desde la comunidad internacional y desde la sociedad civil y han demostrado que se trata del mismo cuerpo ideológicamente atrasado, corrupto, seguidor de políticas de seguridad nacional y herramienta represiva de la oligarquía.
En la actual coyuntura, lo que pedimos es la eliminación de las fuerzas armadas de Honduras en beneficio de una policia nacional civil verdaderamente capacitada para enfrentar de manera profesional los retos modernos de la seguridad ciudadana.1
Aspectos más destacados en el Plan de Nación en materia de seguridad:
La seguridad es definida como requisito del desarrollo y para alcanzarla se enuncian cinco grandes desafíos que deben traspasar a los sucesivos gobiernos hasta el año 2022 (primera fase) y 2038 (segunda fase).
En resumen los cinco enunciados que deben marcar los sucesivos planes de gobierno son:
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Una política sobre seguridad, fundada en siete pilares: credibilidad de los operadores de justicia; fortalecimiento y coordinación institucional, nuevo y más eficiente sistema penitenciario; previsión social policial; acciones preventivas sobre las causas de la delincuencia y; un sistema nacional de Inteligencia policial.
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Un modelo de administración de recursos policiales con descentralización operativa, y atención de la criminalidad por grupos, regiones y municipios del país.
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Fortalecer los operadores de justicia.
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Consolidar sistemas de información delictiva nacional y regionalmente.
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Protección militar y policial de fronteras nacionales y otras zonas asociadas al crimen organizado y el narcotráfico.
Qué comentarios haría a los cinco enunciados?
“Observamos que se mantiene un enfoque de seguridad unidimensional, centrada en lo policial que privilegia una tónica muy acorde a lo ya planteado en la Visión de País orientada a la seguridad pública donde la clave es fortalecer técnica, logística y humanamente a los operadores de justicia y mejorar su coordinación; incluyendo crear un nuevo sistema penitenciario, de inteligencia e información criminal.
Vemos además un acento marcado a fortalecer capacidades operativas policiales para atender las diversas tipologías de delitos y las distintas regiones del país, lo que implicaría una necesaria descentralización en el desempeño ejecutivo (no necesariamente de los servicios, de la función y la visión policial). Bajo este enfoque el Estado y sus instituciones no solo son los garantes de la seguridad, sino son los que definen los alcances de lo que se considera amenaza y cuáles de los riesgos serán sujetos de atención por los órganos públicos de justicia y seguridad.
El enfoque permitiría contar además con una policía fortalecida internamente que reduciría los niveles de deserción e insatisfacción interna, al crear sistemas de incentivos, previsión y carrera policial.
La preocupación sobre los avances del crimen organizado, se reflejan en la implementación de un sistema nacional de inteligencia policial, la coordinación interinstitucional, la dotación y la administración de los recursos, al mismo tiempo homologa funciones militares y policiales para la protección de las fronteras nacionales frente a bandas criminales trasnacionales y del narcotráfico; así como la suscripción de iniciativas internacionales en esta materia.”
Cuáles son los aspectos menos sustentados en el Plan de Nación en esta materia?
“No se observa una visión multidimensional para el abordaje de la seguridad, los aspectos relativos a atender la violencia previa al hecho delictivo, y la necesaria intervención de un entramado de instituciones (no judiciales o armadas) que atiendan la conflictividad, y la prevención social, incluyendo en ella la rehabilitación de las víctimas y los agresores.
Se carece de una mirada del ser humano como beneficiario final del bien público seguridad, que permita una construcción conjunta (Estado-sujeto de derechos) en la definición de los problemas de la violencia y el crimen, las amenazas objetivas y subjetivas, el rol de las instituciones públicas, así como la participación en el diseño de las estrategias para enfrentar aquellas amenazas.
Bajo esta óptica no se incorporan las preocupaciones en materia de delitos cometidos contra mujeres, niños, jóvenes, la violencia política desde los cuerpos de seguridad del Estado. Igual sucede con los agresores niños, jóvenes y otros en riesgo de iniciar una carrera criminal (niñez en calle, los jóvenes en pandillas, barras futbolísticas) o las comunidades fuertemente controladas o afectadas por la criminalidad organizada a las que el gobierno en el corto y largo plazo solo les oferta la aplicación del sistema de control policial y punitivo. Aunque observamos un enunciado en el Plan de Nación sobre la atención a las causas generadoras de la violencia, los medios propuestos siguen apuntalando hacia los cuerpos armados y de justicia, con lo cual lo integral, solidario y humanista de la política no se materializa en la práctica del Estado.
El Plan de Nación ofrece la descentralización del modelo operativo policial, sin embargo, deja ausente el importante rol que pueden asumir los gobiernos locales y las Gobernaciones Departamentales en la atención de la conflictividad social y la violencia. De particular interés son los programas preventivos y de recuperación de espacios públicos, aso como la inserción de los penados a las comunidades; todos ámbitos donde el municipio puede asumir un liderazgo en el desarrollo de programas y proyectos sostenibles.
Los temas relativos a la participación de los distintos actores sociales en la elaboración, seguimiento, evaluación de las políticas de seguridad y su inserción en programas de prevención social de la violencia forman parte de los temas ausentes en el Plan de Nación.
En suma, el plan podría incluir una visión integral de política pública en seguridad ciudadana, un enfoque de seguridad humana integral, que promuevea la convivencia y la interacción social con respeto a las libertades civiles.”
En su lugar, continua manteniendo unidas las funciones de seguridad y defensa. No solamente es el ejército una pésima elección para tratar problemas de seguridad ciudadana, linea en la que debe evaluarse el hecho que los soldados no están entrenados para la investigación criminal, la cadena de custodia, la legalidad de la prueba, la detención y otras, por no decir que se trata de una de las instituciones más corruptas y menos transparentes de la historia de Honduras, sino que la policía misma continua sometida a un régimen en el cuál la contra insurgencia (“seguridad interna) ocupa un papel más importante que la investigación criminal. Uno de los principales motivos por los que la policía hondureña es incapaz de enfrentar al narcotráfico y otras organizaciones criminales es que fue estructurada no para combatir el crimen, sino bajo un esquema de política de seguridad nacional para combatir la disidencia política interna.”
Otro elemento no señalada por la ley es la existencia de una enorme cantidad de efectivos armados organizados en agencias privadas de seguridad, de las cuáles la gran mayoría de hombres y armanas NO se encuentran registradas y han cumplido papeles represivos en conflictos políticos y sociales en el país.
La licenciada Rivera propone además:
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Fortalecer el diseño, aplicación y evaluación de políticas y planes municipales y locales en seguridad ciudadana; así como el avance hacia planes sectoriales, nacionales y locales en materias como niñez y juventud, género, violencia política, crimen organizado.
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Políticas y planes de Gestión integral de la información. Que permita además de desagregar la información sobre la criminalidad objetiva, contar con indicadores que aborden la evolución de la inseguridad subjetiva, incluyendo encuestas de victimización que contribuyan a aminorar los riesgos.
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El control de las políticas armamentistas y de la seguridad privada que generan desde el Estado factores de riesgos institucionales y “legitimados”. El Estado debe ser responsable en relación a la delegación de su monopolio en el ejercicio de la fuerza, lo que implica mejorar los sistemas de registro e información en amabas áreas, así como limitar la cantidad y perfil de los particulares autorizados a realizar autodefensa y sujetarlos a permanente fiscalización. Debe existir coherencia Estatal, entre una Policía que debe controlar la violencia armada y la proliferación de la seguridad privada, con el conflicto de intereses de unas Fuerzas Armadas que comercializan las armas y sus miembros (incluyendo los policiales) que venden la seguridad privada.
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Recursos humanos, técnicos y económicos. Debe definirse las necesidades reales sobre la cantidad de recursos asignados al sector, por lo que más que la mera inyección de fondos que acrecientan los gastos de defensa y seguridad, se requiere una adecuada planificación y coordinación para promover la optimización y convergencia de recursos económicos, técnicos y humanos.
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El fomento a la Participación social en seguridad ciudadana, facilitando mecanismos operativos que la canalicen hacia procesos en materia de empoderamiento social frente a la violencia, desarrollo de programas preventivos en las comunidades, la definición de políticas y planes, la vigilancia o auditoria social a los órganos de justicia y cuerpos armados, entre otras áreas donde la participación social representa un valor agregado para la reducción de cierto tipo de violencia o la eficacia institucional.
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El fortalecimiento de la gobernabilidad de la seguridad y de la eficacia y eficiencia del desempeño de los operadores de justicia parte de consolidar mecanismos de control interno y externo (accountability) de las instituciones de seguridad y justicia.
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La rehabilitación de la víctima y de los agresores, particularmente la reinserción de los privados de libertad forma parte de una Política Integral de Seguridad que rebasa el mero cambio de la institucionalidad penitenciaria. Ello implica remirar los fines y objetivos de las prisiones y el rol de la comunidad y del Estado en la integración post carcelaria.
Ninguno de estos elementos se encuentra presente en la ley. Más grave aún, No se menciona el tema de la impunidad, no se menciona la necesaria depuración de la policía y ejército (que, a estas alturas, preferimos no depurar sino eliminar), no se mencionan las causas de la violencia, ni se hacen referencias a la corrupción y cómo combatirla.
6. Desarrollo regional, recursos naturales y ambientes.
En uno de sus apartados más técnicos, y en el que se reseña casi completo el marco jurídico del país con énfasis en el recurso hídrico, el plan de país adquiere un tono de oferta mercantil:
“Honduras se encuentra en la región mesoamericana que tiene el 40% de los recursos hídricos del planeta. La oferta global de agua en el país es de 87,000 hectómetros cúbicos por año, disponibilidad aparente ya que no se tiene la infraestructura para hacerla accesible a los aprovechamientos. “La demanda actual solo utiliza el 5% de la oferta existente. La demanda neta es de 2,300 hectómetros cúbicos (2.67% de la oferta nacional anual)” p91
Esto no se traduce en una propuesta de creación de la infraestructura necesaria para hacer llegar ese recurso agua a la población.
Los problemas de acceso se deben a fenómenos climáticos como el Niño y la Niña, no a la explotación sin control, la minería, el descuido del ambiente, la tala ilegal. No se menciona que la vulnerabilidad NO es provocada por fenómenos naturales sino por estructuras sociales. No se mencionan los procesos de reconstrucción y prevención.
7. Infraestructura productiva como motor de la actividad económica
El motor de la actividad económica es la infraestructura que permita a la industria exportadora ser competitiva.
“En el ámbito de la región centroamericana y de los flujos comerciales globalizados, Honduras debe aprovechar su localización geográfica con el fin de constituirse como el más importante circuito de transporte terrestre interoceánico para el tránsito de mercaderías en Centroamérica”. P110
Y
“Crear y llevar a aprobación la legislación necesaria para facilitar la consolidación de alianzas público privadas para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura productiva”. P 11
8. Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno
En este apartado se plantean los clásicos enunciados de ahorro interno mediante la reducción de los programas sociales “En este panorama el Gobierno y la ciudadanía tendrán la tarea de racionalizar el uso de los recursos disponibles, asignando los fondos escasos hacia los fines con una mayor rentabilidad social y económica, lo que implicará la cancelación de programas de poco rendimiento económico y social, la reestructuración o cierre de instituciones con escaso impacto sobre el bienestar social y la revisión de la estructura impositiva, para reducir la evasión y aumentar la progresividad de la escala tributaria”. (p-118)
Y se plantean indicadores totalmente irreales:
“Para el año 2022 , Honduras habrá alcanzado una tasa sostenible de crecimiento económico no inferior al 7% anual..:” P 121
9. Imagen de país, competitividad y desarrollo de sectores productivos
Se hace un análisis de la importancia que tendrán o tienen los mercados de China, Brasil, India y Estados Unidos… y que tenemos que “posicionar” a Honduras competitivamente con estos países…para lo cuál “CAFTA deberá ser un medio utilísimo para el aprovechamiento de esas circunstancias” P 126 (continuidad del CAFTA). Y sigue con el sueño húmedo de “…localizar nichos donde se pueda explotar las ventajas comparativas que Honduras posee”, sin detenerse a explicar exactamente CUÁLES son esas ventajas comparativas.
“… aún persisten algunos problemas que limitan el libre desarrollo del comercio externo e interno y afectan el desempeño general de la economía y se requieren mayores esfuerzos para que Honduras presente un clima que estimule la generación de recursos de inversión hacia alternativas mas eficientes..:” p 127.
En realidad, no se trata aquí de estar en contra de la empresa privada. Nuestro análisis no es contra la empresa privada no somos anti emprendiduría, creemos en el potencial del empresariado. Creatividad y desarrollo en lugar de lo que plan de país ofrece: la eternización del poder por parte de un grupo de empresarios parasitos del Estado, oligarquía que utiliza al Estado y a los partidos políticos para lograr una injusta ventaja en las relaciones de competencia comercial y para eternizar su capacidad de explotación y exclusión de la población de Honduras.
La estrategia nacional de competitividad identifica cuatro motores de desarrollo que deben ser impulsados en forma agresiva y sostenida a nivel internacional:
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Un nuevo momento de la maquina (esta vez orientada a servicios como Contact Centers y Servicios de Back Office).
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Desarrollo de nuestro potencial agroalimentario (es decir grandes exportadores)
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Promoción del sector forestal (full extracción)
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Desarrollo integral del turismo.
NINGUNA de estas cosas genera industrialización. Es la segunda parte de una estrategia, la continuidad de una “propuesta de desarrollo” que ya ha fracasado en Honduras, y no representa absolutamente ninguna novedad con respecto a las apuestas de crecimiento económico del pasado.
10. Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida
El Plan de país plantea la salud desde una perspectiva individualista y comercial y únicamente desde una visión de atención. El documento ni siquiera menciona una vez los aspectos preventivos y sociales de la salud. No toma en cuenta en lo absoluto la salud mental, las acciones de salud preventiva.
Tiene un carácter técnico basado en los números, se refiere mucho más a lo cualitativo que a lo cuantitativo en su visión de lo que implica la calidad de la atención. Su carácter comercial se evidencia en los indicadores utilizados “las prescripciones habrán aumentado en un 95%”. Cuando se tiene una visión preventiva, la esperanza es REDUCIR el número de prescripciones.
En todo caso, el “Porcentaje de prescripciones médicas” es un indicador de VENTA de medicinas y de GANANCIA de las transnacionales farmacéuticas, no un indicador de avances de la salud.
No tiene un enfoque holístico, ni ambiental. Como en otros temas, no existen las necesidades particulares de las mujeres. Es interesante señalar que la actual crísis de epidemia del Dengue se debe en principal a que el gobierno de facto suspende toda inversión social -gasto en políticas públicas sociales- para lograr mantener el aparato de seguridad en los meses que siguen al golpe.
11. Adaptación y mitigación al cambio climático
Este es uno de los apartados más generales de la Visión de país. Se refiere a “El informe sobre el índice de Riesgo Climático Global 2010 resalta a Honduras como el tercer país más afectado por el cambio climático global en el período 1990-2008” (p 125).
Entre los indicadores: Tasa de población recibiendo información y valores en el marco de una perspectiva educación de familia (secretaria de educación), Tasa de ocupación extralegal de tierras (ILD), porcentaje de asalariados afiliados a sistemaS de previsión.
Anteproyecto de decreto para la creación del sistema nacional de planeación
“…El sistema productivo descansará principalmente sobre el funcionamiento de mercados eficientes, sin barreras de entrada y salida…” Plan de Nación P 154
El anteproyecto señala que se da en el marco de la reconciliación… con el apoyo de los cinco partidos políticos, que se puede leer también como “con la complicidad de la UD” que avala esta visión que profundiza la explotación y exclusión.
Plantea que “Un gobierno moderno y eficiente… ejecutando un rol proactivo como complemento de la acción del mercado, garantiza el funcionamiento de un sistema de incentivos y desincentivos que orienten la acción de los mercados y a la vez, garantice un nivel mínimo de bienestar a los sectores más desposeídos” P154
Para lograrlo se crean los siguientes mecanismos de operacionalización
Organización
Se crea el CONSEJO DE PLAN DE NACION, dependiente del ejecutivo, que se reunirá cada tres meses convocado por el Secretario Técnico de Planeación y Cooperación Externa quién actuará como su secretario. Formado por
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Secretario de Estado en Despacho de la presidencia
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Representante d cada mesa regional
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Representante de cada uno de los partidos políticos
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Representante de las confederaciones de trabajadores (CGT, CTH y CUTH)
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Representante del COHEP
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Representante de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos FENAGH
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Representante de la FOPRIDEH
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Representante de AMNHON
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Representante de Federación Hondureña de cooperativas de ahorro y crédito FACACH
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Representante COCOCH
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Representante CODESSE
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Secretario de planeación y cooperación externa.
Tegucigalpa, Junio de 2010
Agradecimientos:
Dra. Eliomara Lavaire por sus observaciones en el área de Salud, más producto de SU análisis que del mio.
Dra. Karen Bähr por sus comentarios generales sobre el documento.
Dra. Reina Rivera, por sus comentarios en el área de seguridad, mucho más producto de SU análisis que del mío.
1Materia, me parece, para otro y más informado análisis.
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